Julio Aliaga Lairana

El efecto de la decisión anunciada por Silvia Lazarte y la directiva de la Asamblea Constituyente (AC) de no acatar el fallo judicial que obliga a dejar sin efecto la resolución del pleno de la AC, que suspende la discusión del tema de la “capitalía” en su seno, tendrá gravísimas consecuencias. La legalidad, el sentido, el rol del Poder Judicial en Bolivia han sido cuestionados, más allá de los caprichos y pataletas del Presidente o sus seguidores cercanos, de enjuiciar y denostar las leyes y las instituciones, el desacato flagrante y anunciado pondrá por el suelo y terminará destruyendo lo que queda de la débil institucionalidad estatal.

Si ella ciudadana desacata el fallo expresamente y cuestiona las decisiones de la institución “Tribunal Superior de Justicia”, si el ciudadano Presidente dice cada vez que quiere que las leyes son un estorbo para su mandato y acusa y enjuicia a los jueces que se atreven a contradecir en nombre de la ley sus decisiones; entonces yo o usted ciudadanos, siguiendo este singular ejemplo, podremos cuestionar las decisiones de la institución “Asamblea Constituyente” y declarar de antemano que las nuevas leyes no nos gustan, no satisfacen nuestras expectativas y que por lo tanto las desconocemos desde ahora. De la crisis de Estado a la anomia social, sólo falta que haga crisis el sistema económico y estaremos perdidos.

Si el sistema institucional está cuestionado, si la política no cuenta con un sistema para su funcionamiento, si las instituciones de la sociedad civil (por fín está bien utilizado el famoso término) han perdido la posibilidad de vincularse a las decisiones estatales y menos convocar la representación social (los grupos con intereses particulares no pueden representar al interés general), entonces que queda? En otras palabras, si la solución del problema ya no pasa por el Gobierno, el Congreso Nacional, la Asamblea Constituyente, las Cortes de Justicia, los partidos políticos, ni los mentados movimientos sociales, entonces ¿quién podrá ayudarnos?

La respuesta es obvia, pero para no caer en ella, porque los demócratas no podemos caer en pensar siquiera en la posibilidad de aventuras más bien obscuras, habrá que imaginar otras soluciones. Lo que se me ocurre es construir un espacio de unidad por encima de la crisis política actual, desde donde se le plantee a la nación (suponiendo una única nación, así sea por última vez) y se la convoque, y se la organice, y se la impulse hacia adelante, alrededor de consenso mínimo construido entre todos (existen mecanismos tecnológicos que posibilitarían un hecho semejante), no alrededor de trescientos artículos inabordables para todos, sino de cinco o seis principios, elementales, comprensibles, atrayentes, inclusivos, igualitarios y democráticos.

Lo que está claro, pero clarísimo, es que el proyecto de poder étnico, indígena, campesino y pre-democrático, no podrá imponerse, porque medio país no va a permitirlo; 25 años de democracia continua, han permitido una base ciudadana lo suficientemente sólida como para dar una dura e incansable batalla por la libertad y la democracia. Pero tampoco será posible y también está clarísimo, la victoria del proyecto restaurador que nos retorne al poder espurio de unos pocos privilegiados, sus amigos y sus familiares, como hace tan poco en el pasado inmediato. El nuevo modelo tendrá que conjugar lo que los asambleístas y los nuevos políticos no quieren conjugar, o no se animan: la síntesis democrática entre inclusión, participación, igualdad, institucionalidad e imperio de la ley.

Existe un tercer camino por el que pueden transcurrir el pueblo y su soberanía, para dotar al mercado de aquello que precisamente carece: solidaridad, equidad, redistribución, equilibrio, justicia social; al sistema político lo que aún le falta: eficiencia, representatividad, ciudadanía, participación; a la sociedad, la capacidad de convivir digna y solidariamente, fruto de una urgente reforma de nuestros valores y costumbres predemocráticos; y devolverle al Estado un rol predominante y comprometido con el desarrollo integral en beneficio del pueblo y las mayorías.

Otros temas también son ineludibles si queremos sobrevivir como nación y como sociedad: la corrupción, la mediocridad y la ignorancia, son asuntos que deben ser abordados con franqueza y valentía, dejando de lado hipocresías vanas que nos impiden mirarnos a nosotros mismos y cambiar en consecuencia. Para salir adelante, para igualar a los pueblos que nos aventajan, asimilemos sus ejemplos: educación, educación, educación y más educación.

Y como en política vale más de que se haga que lo que se diga, vamos a ponernos manos a la obra

–
Julio Aliaga Lairana
Tel movil (591) 772 25 841
e-mail: aliagapaz@yahoo.com
Blog: http://aliaga.lamatriz.org/
Casilla Postal 3-35084
La Paz – Bolivia

• ver
• seguimiento

indianismo | Opinión ciudadanaSilencio qulla y prestidigitación criolla

Carlos Mamani Condori

Centro de Estudios Multidisciplinarios Aymara

Comenzando el nuevo milenio fueron poderosas movilizaciones de aymaras-quechuas del mundo rural y las grandes ciudades del país que marcaron el fin del ciclo colonial, iniciado en los lejanos años de 1532-38. El gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003), que duda cabe, fue la última manifestación de la supremacía criolla (misti, blancoide…). La asunción al mando de la republica boliviana en enero del 2006 por un aymara significó el comienzo de la cuenta regresiva para la supresión del régimen colonial, implantado por Gonzalo Pizarro e institucionalizado como administración bajo el nombre de Audiencia de Charcas. La burocracia colonial, instalada en la ciudad de La Plata, que obligada por la presencia de las tropas colombianas en 1825 rompió sus vínculos con la metrópoli, adoptando el nombre del general Bolívar garantizó sus privilegios y supremacía. La historia de la república de Bolivia es tan igual a la de Rodhesia, que desapareció con la descolonización de Zimbabwe. Fue en la profunda convicción de que la naturaleza colonial del Estado Boliviano, expresada en la muerte sembrada por el régimen de Sánchez de Lozada (febrero-octubre 2003) entre la población indígena de La Paz, que la refundación del país fue adoptado como mandato por la generalidad de las instituciones, organizaciones sociales y población en general. Your browser may not support display of this image.

El término refundación aludió desde el principio al carácter racista, criminal y destructivo impuesto por los Pizarro, entonces la descolonización como método, el camino más efectivo hacia la construcción y la libertad fue adoptada como principio fundamental del pensar y el hacer en coyuntura de transición.

Sin embargo, mucho agua ha corrido bajo el puente desde los gloriosos días de octubre 2003, la casta colonial ha aplicado con mucho esfuerzo en la defensa de su privilegios y supremacía. Valorando su experticia burocrática se aferraron de la administración estatal, innovaron la gestión de conflictos con prefectos elegidos y autónomos, devaluando así las facultades del primer Presidente Indígena. Se atrincheraron, como en los antiguos feudos europeos, en las prefecturas departamentales y desde allí impusieron la agenda de las autonomías, incluso en clara actitud de chantaje inventaron nación camba, media luna. Este ataque tenía como destinatario la nación Qulla (aymara-quechua) que tumbó a Sánchez de Lozada e impidió que Hormando Vaca Diez se sentara sea un minuto en la silla presidencial. La provocación fue respondida en la medida y el calibre esperado por la casta colonial: autonomías indígenas. Para la nación Qulla tal absurdo nunca fue preocupación, sin embargo recursos financieros hábilmente dirigidos llevaron a la redacción de documentos que coinciden con el lenguaje de la nación camba, la media luna y Podemos. La habilidad burocrática de la casta colonial, aprendida en los casi 500 años de colonialismo, ha llevado a “pisar el palito”: el juego del enfrentamiento entre “autonomías indígenas” y autonomías departamentales. La libre determinación, comulgada por todos los pueblos indígenas, se ha convertido en apenas autonomía.

Cuando se hizo evidente que tales autonomías departamentales no eran más que atrincheramientos de supremacías racistas, cuyos voceros no tienen el menor cuidado en agredir físicamente y frente a cámaras de TV a líderes indígenas de “su departamento”, sacan debajo la manga el asunto de la Your browser may not support display of this image.capitalía: movilizar a la gente, cual ganado, sea en millones o en cientos de miles, que importa. El resultado es el completo abandono de la descolonización, queda muy lejos, pero muy lejos Félix Patzi y la consigna “revolución democrática cultural”. Es imposible exigir, o incluso pensar, que sean los mismos miembros de la casta que lleven adelante el desmontaje del racista, criminal y depredador aparato burocrático colonial.

La lealtad, el silencio ha sido proverbial, que ha dado lugar al encumbramiento del indigenismo como pensamiento y acción de los indios. Se ha llegado al absurdo: el indigenismo, acusado en su momento de etnocida (por eso la desaparición de todo el aparato burocrático de los institutos indigenistas en el continente), re aparece con rostro “revolucionario”, el racismo se pavonea nuevamente: o qué significa hablar, escribir, hacer en nombre de los indios? Paternalismo como siempre y en la misma línea de Bartolomé de las Casas, Mariátegui, Tristan Marof, Alcides Arguedas: el indio quiere esto, quiere lo otro, autonomías, defensa del legado de Zárte Willka, etc. El indigenismo es falso fantasma, cucu de conveniencia, útil para un mismo interés la supremacía blancoide. La querella tiene dos únicos actores reales: los nativos (qullas, chiriguanos, chiquitanos, mojeños…) en contra de los individuos que quieren preservar el legado Pizarro, Ñuflo de Chávez y sus amigos venidos hace poco del imperio austro húngaro, Turquía y tukuymas.

La refundación del país, la descolonización han sido hábilmente reemplazadas por las hábiles manos de prestidigitadores por autonomías, capitalías… es hora ya de volver a la agenda y las voces de octubre 2003, cuidado que se retrase en algunos minutos la salida del nuevo sol y se complique por ello el pachakuti.

Estatuto

Fuente: http://mikamchatka.blogspot.com/  El blog de Veronica Rocha

Cinco Palabras. Tener al Estado más cerca. Vaya anhelo/sentimiento nacional, desde que se conoce la estructura de la nación-estado y a partir del hecho de que las sociedades han ido creciendo y complejizándose, desde el pandino hasta el chapaco o visto de otra forma, desde el colla hasta el camba, quieren tener más cerca al estado. En realidad para aquellos que siempre han estado disociados de alguna pertenencia estatal o que simplemente (y por decirlo más fácil) no se han sentido nunca parte de nada, tener más cerca al estado implica, aparte de condiciones mínimas para vivir, que por muy débil, burocrático o ineficiente que se crea que es ese Estado es mejor tenerlo siempre cerca; por sobre todo por un asunto de pertenencia. Una clara muestra de aquello son nuestras fronteras, aquellas donde el mencionado pandino o camba se siente más brasilero que boliviano, el colla más peruano y el chapaco más argentino. Entonces, la gran pregunta, que incesantemente nos merodea, puede que no sea de tan complicada/rebuscada respuesta. ¿Cómo se crea una identidad nacional-boliviana? Teniendo al Estado más cerca. Y dígame usted ¿acaso la idea no suena genial? y lo que es peor aún ¿acaso alguien podría disentirla? Pues claro que no. El pequeño problema (un leve detalle) esta en saber si todos queremos que aquel estado cercano sea el boliviano (caótico, colorinchi, pluri, multi) u otro tipo de “pequeño estado” (al parecer, la tierra prometida) que no genere, precisamente, identidad nacional-boliviana, sino otro tipo de identidades/identificaciones. Por/con el modelo establecido.

En resumen, al estilo del ciudadano X, nos queda preguntarnos: ¿Autonomía, mía, mía?

LIBERACIÓN. EXTRA    Órgano oficial del PCMLM       Julio de 2007 

EL “COOPERATIVISMO MINERO” FASCISTA

Fuente: upea2007@gmail.com

Con motivo de la nefasta política del neoliberalismo del siglo pasado, se han producido profundos cambios en la problemática minera del país. De todos es conocida aquella política que destruyó la minería estatal nacionalizada en beneficio de medianos y grandes mineros ligados a las transnacionales. Sin embargo, éste no es más que un aspecto del problema. Quizá el más importante sea aquel que ha convertido a los trabajadores mineros sean asalariados o cooperativistas en un sector popular que ha perdido el horizonte revolucionario y ahora se presta consciente o inconscientemente a los designios reaccionarios de la derecha fascista radicada en Santa Cruz. 

Hemos conocido un manifiesto de los llamados “cooperativistas mineros” que ha sido redactado claramente por sus auspiciadores reaccionarios porque los dirigentes del sector no pueden escribir sus nombres. El Manifiesto es un verdadero brulote subversivo de tinte fascista. El primer “argumento” político se refiere al “indigenismo” incrustado en el gobierno. Causa risa escuchar a indígenas desclasados manifestarse contra su propios hermanos. ¿Acaso los famosos “cooperativistas” no son indios de los más puros? Se habla de la “whipalización” del país. Otra vez el desclasamiento de estos indígenas arrepentidos de su propio origen. La Whipala es un símbolo nacional andino que es respetado por todos los que nos consideramos orgullosamente bolivianos. La negación de la existencia de naciones y nacionalidades oprimidas en Bolivia es de una necedad que espanta y que solamente se explica por haber sido redactado el manifiesto por intelectuales reaccionarios y adjudicado a los ignaros “cooperativistas”. 

El segundo argumento es el la “modernización”. Nuevamente nos causa risa escuchar que Bolivia tenga una “economía abierta al mercado internacional y una economía competitiva”. Este sector por su propia naturaleza es pre-capitalista y trabaja con sistemas laborales de tinte colonialista. Los famosos “cooperativistas” son empresarios que hacen trabajar a modernos “mitayos” que laboran las minas con sus manos en las peores condiciones imaginables. La minería verdaderamente moderna no concibe siquiera formas cooperativas de organización porque es un proceso altamente tecnológico y de alta inversión de capital. En consecuencia es otro dislate digno de analfabetos plantear un cooperativismo minero “moderno”. 

Empero los escribientes del “cooperativismo minero” sin tener en cuenta que sus pupilos no saben leer ni escribir, les hacen decir bobadas como aquella que se refiere a la Asamblea Constituyente, a la economía del dólar, a la gestión de gobierno  y finalmente a una exigencia que colma todos los colmos. Se pretende que el Gobierno cambie radicalmente su política minera, o deje de emitir leyes o decretos, paralice todos los que se encuentran en curso principalmente la llamada nacionalización de la industria minera que apenas ha comenzado. Se propone la derogación, modificación o postergación de TODA norma legal en el campo minero, EN UNA PALABRA SE PIDE QUE GOBIERNO NO GOBIERNE Y QUE SE ENTREGUE EL PODER AL MAL LLAMADO “COOPERATIVISMO MINERO”. 

Hay que poner atajo definitivo y de una buena vez a esta verdadera sedición de estos nuevos colonizadores que, como punta de lanza de un verdadero complot contra el gran proceso de transformaciones estructurales que ha abierto el sacrificio de todos los bolivianos, quieren imponer de nuevo el neoliberalismo derrotado del brazo de la derecha fascista con base en Santa Cruz a la cual “atacan” para salvar las apariencias, pero en realidad cumpliendo al pie de la letra los mandatos de la derecha y el Imperialismo Yanqui para destruir un proceso que es patrimonio de todos los bolivianos. 
 

clasificado en:

• Actualidad

.

Los sistemas liberal y comunal tendrán que convivir juntos. El Estado deberá readecuarse a la forma comunal que emerja de las autonomías indígenas, que se autogobernarán por sus usos y costumbres en los niveles que decida.

Con la autonomía indígena que promueve el oficialismo en la Constituyente, emergerá un nuevo sistema de gobierno que reconocerá los usos y costumbres en la administración y gestión pública. Para esto, el Estado tendrá que readecuar su ordenamiento jurídico y compatibilizarlo con la forma actual de administración.

“Habría dos sistemas que estarían conviviendo en el Estado: uno que es el liberal (la actual forma de administración) y otro que es comunal que por primera vez en la historia (republicano) se daría”, explicó Félix Patzi, ex ministro de Educación y uno de los principales ideólogos del Pacto de Unidad, que agrupa a campesinos e indígenas y que es la principal base social del MAS.

Lo que ocurre, según el viceministro de Descentralización, Fabián Yaksic, es que “el país, en los 180 años de vida republicana, no ha constitucionalizado la existencia de las más de treinta y tantas nacionalidades que existen, y entonces tenemos que hacer efectivamente plurinacional la gestión pública y no solamente un verso como pasa ahora”.

La propuesta presentada por el MAS en la Comisión de Autonomías de la Asamblea señala que los pueblos originarios podrán conformar “entidades territoriales autónomas indígenas originarias campesinas, por voluntad propia y de conformidad a procedimiento establecido por ley…éstas se rigen por mecanismos democráticos según sus propias normas, gobierno y procedimientos”, lo que se conoce como usos y costumbres.

Esa forma de autogobierno implicará el desconocimiento a las normas del Estado —explicó Patzi— aunque éste deberá reconocer y adecuarse al nuevo sistema.

Por ejemplo “si en un territorio indígena se produce un caso de violación se juzgará a través de la justicia comunitaria y ésta puede solicitar al Estado que le dé algunos servicios como estudios o peritajes para no caer en una solución empírica. Por tanto, ambos sistemas tendrán que convivir y coordinar acciones”.

Mientras, en el otro sistema de gobierno, se mantendrán los procesos judiciales ordinarios. Lo mismo pasará con la elección de autoridades. En los gobiernos indígenas se elegirán en asambleas o habrá un rote, mientras que en la otra forma de gobierno se mantendrá el voto directo.

Las autonomías indígenas se establecerán en entidades territoriales autónomas y esas entidades podrán organizarse en: “territorios indígenas originarios que correspondan a colectividades locales que habitan en territorios ancestrales, con identidad cultural, con gobierno y competencias propias” o en municipios o regiones, según señala la propuesta de la mayoría masista.

Yaksic dijo que la autonomía indígena será transversal a los niveles de gobierno establecidos en la nueva Constitución Política del Estado y que se respetará la forma tradicional que tiene cada nacionalidad para gobernarse. “Es decir que haya una representación política en todos los niveles de gobierno donde haya una importante presencia indígena”.

Su gobierno se ejercerá de acuerdo con mecanismos democráticos según sus propias normas y procedimientos. En el caso de los municipios y regiones indígenas, dijo que “tendrán un órgano deliberativo y un órgano ejecutivo, denominados con el nombre que corresponda a cada pueblo, nación o comunidad”.

Según el MAS, sus atribuciones serán: “promover y garantizar el ejercicio de las normas y procedimientos propios, designar a las autoridades de gobierno de acuerdo a normas y procedimientos propios, definir normas y formas de gestión, administración y control del territorio y el presupuesto, aprobar su plan de desarrollo y definir mecanismos de control fiscal, de conformidad con sus normas y procedimientos”.

El constituyente Carlos Romero (MAS) explicó que el Estado deberá asignar recursos propios a esas nuevas entidades territoriales indígenas, a través de una redistribución del presupuesto.

Esas entidades territoriales autónomas indígenas tendrán también la posibilidad de planificar su gestión pública de acuerdo a sus usos y costumbres.

El Pacto de Unidad plantea el gobierno indígena pleno

Detalles: • Los originarios tendrían dominio sobre su territorio con sus normas y forma de Gobierno. Deberían rendir cuentas al Estado.

La autodeterminación de los pueblos indígenas originarios es la base central de la propuesta de las principales organizaciones sindicales que conforman el Movimiento al Socialismo (MAS). Eso significa que el Estado les reconozca su forma tradicional de gobierno en sus territorios.

Esa propuesta, plasmada en un documento del Pacto de Unidad —organización conformada por la Confederación de Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob), Consejo de Ayllus y Markas del Kollasuyo (Conamak), Confederación de Campesinos de Bolivia y la Confederación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa—, busca que el Estado constitucionalice la preexistencia de las naciones y pueblos indígenas originarios y afrodescendientes.

Eso conllevaría a que también se les otorgue el dominio ancestral sobre sus territorios y garantice su libre determinación.

Para la oposición, eso significará que el país se divida en las 36 nacionalidades indígenas existentes en Bolivia. “Quedaremos confinados en una especie de ghetto en las ciudades y todo lo demás será una nación indígena que se expresa en la voluntad de conformar y ser parte del Estado Unitario Plurinacional Comunitario”, opinó el jefe de bancada de Poder Democrático y Social (Podemos), óscar Ortiz.

Sin embargo, uno de los ideólogos del indigenismo en el MAS, Félix Patzi, explicó que la propuesta del Pacto de Unidad “se flexibilizó mucho” desde su concepción, pues inicialmente se planteó “una redistribución territorial conforme a las actividades étnicas y conforme a las actividades culturales. Luego se reconoció el establecimiento de las provincias y municipios, y se decidió convivir con ellos”.

Patzi explicó que otorgar a los pueblos indígenas la posibilidad de autogobernarse “es la única forma de reconocer sus identidades culturales y que éstas sean fortalecidas y los únicos que pueden hacerlo son ellos mismos”.

El Pacto de Unidad plantea que el Estado reconozca la forma de gobierno de los indígenas.

Salvador Allende, desde la presidencia de Chile, pregonaba que era
posible transformar la realidad social y económica (la de la década
de los 70), sin violencia revolucionaria. Partidario acérrimo y
militante confeso del socialismo democrático, apostó al voto del
pueblo, se apoyó en la tradición democrática de la burguesía chilena
y confió en la estable y madura experiencia democrática de las
fuerzas armadas de Chile y basó su propuesta de “cambio en
democracia”, en la fuerza de los votos que obtuvo el partido
socialista, ganador de la segunda vuelta electoral. El popular
médico, socialista y presidente, pregonó que era posible un gobierno
de justicia social que privilegie a los niños, a los obreros,
intelectuales y campesinos, un gobierno de contenido social y
popular. Creyó en la promesa de fidelidad de las fuerzas armadas y
sacudió el aparato político con propuestas de cambios en
democracia………., y pagó con su vida. Fue brutalmente asesinado.

Los revolucionarios, partidarios de la lucha armada, sostienen que
se peca de ingenuidad, al creer que es posible que alguien se
desprenda de sus privilegios, por solo creer en la democracia. El
estado-burgués, es la expresión del poder de una clase, que impone a
las mayorías obreras, campesinas y clases medias, sus políticas
económicas y sociales. La “ley” es precisamente la voluntad de la
clase dominante, impuesta al pueblo a través de la democracia
burguesa. Los parlamentos, generalmente dominados y sumisos al poder
ejecutivo, apenas son reflejos y legalizadores de los actos y
voluntades de los gobernantes.

Me preocupa la actitud de la Iglesia Católica. Nadie puede dudar de
su importancia y su peso específico en la gravitación de la
política. Me llama poderosamente la atención y busco
desesperadamente, el significado de las últimas palabras del Papa,
expresadas en Brasil y que guardan una línea de asimetría con las
expresadas por nuestro querido Cardenal. Me salta a la memoria los
últimos días del gobierno de Juan José Tórrez, cuando predicaba en
nuestras iglesias el padre Arcusa. También en esa época se usaba la
palabra déspota o comunista.

Hay quien afirma que la Iglesia Católica, por ese inmenso poder de
ubicuidad e inteligencia, se proclamó esclavista en la época de la
esclavitud. Es célebre la frase del santo católico que afirmó “que
el hombre nace libre o esclavo por voluntad de Dios”.

En el medio evo, se quemaron a ilustres hombres y hasta mujeres,
como la heroína de Francia doña Juana de Arco, solo por celos
políticos al interior de la Iglesia. El poder terrenal y el
espiritual se debatían en las abadías de conventos y monasterios. La
más fiel legión de católicos, afirman muchos estudiosos, fue
cruelmente combatida y asesinados miles de los Templarios, solo por
el juego de la política. La inquisición será recordada como la
página más negra y cruel, de los príncipes cristianos.

Todavía no se ha resuelto la acusación que pesa sobre Pío XII, y sus
simpatías con Mussoline o el silencio cómplice con Hitler, frente a
la masacre de casi 6 millones de judíos.
En nuestra época, jamás la iglesia católica condenó a Pinochet como
déspota o totalitario, mientras estaba gobernando. Tampoco a Banzer
ni a los Videla argentinos. ¿Es que eran aliados en la lucha
anticomunista?.

Hoy le preocupa a la Iglesia Católica la presencia de algunos
gobiernos en América Latina y a decir de su eminencia el Santo
Padre, caminan hacia el totalitarismo. Los príncipes de la Iglesia
Católica, jamás llaman por su nombre a los que acusan o señalan,
dejan que la prensa independiente y adversaria de esos gobiernos,
sean los que señalen con nombres y apellidos. Es el caso que nos
ocupa. La prensa ha identificado a esos gobiernos (a los que se
refirió el Papa) como los que presiden Chávez en Caracas y Morales
en La Paz.

¿Serán totalitarios y déspotas, los que ganaron más de tres
elecciones y con más del 60 % como el caso del Sr. Chávez? ¿Son
totalitarios por se apoyan en los votos del pueblo?

¿Serán totalitarios y déspotas, los que ganaron dos elecciones con
más del 53% como es el caso del Sr. Morales?.

El usar un instrumento legal y legítimo, además propio de un estado
de derecho, como es el juicio de responsabilidades, coloca al
gobierno de Evo Morales como perseguidor?, conculcador de los
derechos? o déspota totalitario?

Me salta la duda. ¿ No se estará equivocando Evo, cuando pretende
cambiar Bolivia en democracia?.

¿Será posible que los que hasta ayer detectaran el poder político y
económico, consientan perderlo del todo?

¿Será posible admitir que los que ayer vendieron la patria,
enajenaron sus recursos naturales, prostituyeron la política y
transformaron el parlamento en viles levantamanos, se resignen a ser
gobernados de otra forma?.

¿Será posible que los que ayer se hundieron en la corrupción y nos
robaron hasta la dignidad, puedan admitir, que un indio que no
ingresó a la universidad por que no terminó la escuela, sea quien
devuelva la dignidad a la política y a todo un pueblo?
Me aterra pensar que Evo se equivoque y como ayer, se orquestó una
campaña contra Salvador Allende, Juan José Torrez y Hernán Siles
Zuazo, sea hoy, también el inicio del retorno de la violencia
anticomunista.

Mientras la izquierda es democrática, no persigue, no encarcela ni
exilia, y la tildan de débil, de contrario, la derecha es asesina,
fuerte y cruel, organiza paramilitares para matar (recordemos el
asesinato de Marcelo y otros patriotas) crea campos de
concentración, llena las cárceles con patriotas, obreros e
intelectuales de izquierda. Esa es la diferencia a la que le tengo
aversión, dudas y celos.

¿No estará caminando Evo por la senda del error, al querer cambios
en democracia?.

Cuando la derecha realiza cambios, aunque éstos sean para enajenar
la patria, aunque sean con solo el 32% de los votos, como lo hizo
Goñi con la venta del país y sus recursos naturales, no hay
reacción. En el parlamento cuando las famosas leyes de la
capitalización, solo dos parlamentarios gritaban y denunciaban. Eran
las voces desde la izquierda de Ramiro Barrenechea del Eje Pachacuti
y el autor de estas líneas desde el Partido Socialista. Jamás la
prensa ninguna de ellas, publicó una sola de nuestras denuncias que
se estaban aprobando las leyes de la antipatria sin quórum. Esa es
la libertad de la que hacen gala los neo-liberales.
¿Si Evo fracasa y no hay cambios en democracia, quedará la vía
armada como la única posibilidad de los cambios?

¿Después de Evo, vendrá el fascismo con su dictadura?

¿….Se tropezará Evo con la misma piedra…..?

Jerjes Justiniano Talavera
C.I. 1483966 SC.
ciudadano

Constituyente igualitaria y solidaria Vs. Nazión Camba

escribe: Idón Moisés Chivi Vargas

Que el tema de las autonomías haya levantado una enorme polvareda social en Santa Cruz de la Sierra, como efecto reflejo en el Asamblea Constituyente, no es ninguna casualidad, esto se ha venido preparando desde hace mucho tiempo atrás, se ha ido ideologizando a la sociedad cruceña urbana de modo paulatino pero persistente, incidiendo en el imaginario colectivo de modo tal que, las apreciaciones ideológicas de la “nación camba”, parecen verdades irrefutables, inmutables, y por lo tanto que sus propuestas de solución son la única salvación regional, a ello se le añade un mesianismo racial preocupante en extremo que hoy por hoy nos vemos en la obligación de denunciar, no apelando a la diatriba, sino esencialmente a una lectura académica de los hechos y sus fundamentos.

Nadie puede negar que el Comité Cívico Pro Santa Cruz (brazo político del Movimiento Nación Camba), el Comité Juvenil Cruceñista (grupo de choque paramilitar del mismo movimiento), así como sus centros de socialización (las fraternidades), la propia universidad y la Junta Autonómica (brazo de deliberación de la media luna) han sido convertidos en ejes de reproducción ideológica y de formación político militar dirigida a generar violencia física y psicológica contra todo aquel que no se adhiera a su proyecto.

Todos ellos tienen en PODEMOS su representación política tanto en el congreso nacional como en la Asamblea Constituyente (aunque en este último espacio son novatos en comprensión y acción política y por ello dependen fuertemente de acciones de violencia internas y externas a la asamblea, para ejemplo basta ver las movilizaciones de la media luna para los 2/3, las movilizaciones universitarias en Cochabamba, Sucre, Potosí y Trinidad, o el matonaje directo ejercido el día jueves por los constituyentes de PODEMOS en la Asamblea Constituyente, donde una asistente técnica echaba agua caliente en la cabeza de una constituyente del MAS, o los griteríos de “indios de mierda” usados por PODEMOS eran la única consigna que se escuchaba en el ambiente.

¿Cómo demostrar el quid de la cuestión?, por supuesto que nos queda un camino inicial, y es partiendo del texto fundante del “Movimiento Nación Camba” emitido en Santa Cruz de la Sierra el 14 de Febrero del 2001, donde se puede notar con absoluta nitidez, la estrategia global y los diferentes pasos tácticos que se han dado en seis años de acción política, institucional y profundamente ideologizante que ha traspasado santa cruz, para convertirse en un proyecto de los medio lunáticos…Vayamos al texto en cuestión:

MEMORÁNDUM

INTRODUCCIÓN.

A partir del Memorando de 1.904, el pensamiento Cruceño concentró las reivindicaciones regionales en dos asuntos concretos: la integración con Bolivia mediante el ferrocarril y la apertura del mercado andino, a los que se sumarían, posteriormente, las luchas por las regalías del petróleo, la restauración de la democracia y la ley de descentralización administrativa. Décadas después, estos objetivos serían parcialmente alcanzados. Hoy la realidad exige nuevas propuestas. A la vuelta del siglo XX, a la Santa Cruz de hoy y del futuro, le deparan enormes desafíos en el campo social, económico, político, y ecológico, desafíos que la crisis endémica del Estado fundado en 1.825, no puede, ni podrá resolver.

Frente a los acelerados procesos de integración de América Latina y a las dinámicas globalizadoras que tienden a homogeneizar el mundo, hoy más que nunca, se hace necesario contar con un instrumento ideológico, que ratifique nuestra auto-estima como colectividad diferenciada y replantee públicamente nuestra identidad como pueblo-nación.

NUESTROS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS EN EL SIGLO XXI.

Así, como el 21 de Noviembre de 1.816 nuestras banderas libertarias cayeron abatidas por la metralla colonial en los campos del Pari, hoy, después de 184 años de esta derrota militar, y en la misma fecha, se funda el Movimiento Autonomista “Nación Camba”, como expresión de nuestra región-nación, para continuar esta gesta. Al abordar el Siglo 21, este Movimiento asume para sí la tarea de consolidar 6 objetivos estratégicos fundamentales, que se exponen en este memorándum, y estos son:

1.- DEMOCRACIA.

La reinstalación de la democracia en Bolivia era una posibilidad real para que el pueblo, ejerciendo el derecho al voto, pueda transformar el Estado. Sin embargo, la práctica ha demostrado clara y objetivamente, que esta democracia mutilada, sólo ha servido -salvando honrosas excepciones- para consolidar el Estado-negocio, prebendal, centralista y ajeno.

La última reforma constitucional, no ha sido suficiente y constituye un vergonzoso retroceso que ha reforzado la dependencia interna y externa, el burocratismo, y el colonialismo de Estado. El modelo político, económico e institucional impuesto al país, ha agigantado los desequilibrios regionales, la desigualdad, la corrupción y la marginalidad social. El monopolio de la representación pública de los partidos políticos nacionales anuló las iniciativas y los liderazgos regionales y ha generado la lógica del adulo y el autoritarismo, entre otras cosas.

Urge entonces radicalizar la democracia para transformar la naturaleza de un Estado ferozmente unitario, dependiente y servil, para construir el Estado de las autonomías departamentales y/o nacionales, perfeccionar la institucionalidad Estatal, y democratizar el poder en sus instancias nacionales, departamentales y municipales.

2.- AUTODETERMINACIÓN.

Apoyados en el derecho a la autodeterminación nacional, y en la posibilidad de realizar reformas constitucionales conducentes a materializar estos logros, proclamamos la necesidad de convertir a Santa Cruz, en una REGIÓN AUTÓNOMA, dotada de gobierno propio y amparado por un estatuto especial de autonomía que sea la expresión del PODER CRUCEÑO, como reconocimiento formal y legal de nuestra NACIÓN-ESTADO.

3.- IDENTIDAD. La identidad nacional de los cruceños y en general, la de los pueblos Chaco-Amazónicos y de los valles, proviene del lugar que ocupa nuestra geografía y nuestra cultura en el concierto de los pueblos de América Latina y el mundo.

Nuestra identidad que es la base de nuestro desarrollo y es el resultado de nuestra historia común, del lenguaje y del legado de nuestros héroes y antepasados, define la personalidad de esta nación cultural, que declara su derecho a la diferencia, pero ratifica su vocación integracionista, su democracia étnica y el pluralismo cultural como parte de su esencia nacional.

Frente a la sistemática negación de nuestra identidad cultural de parte del colonialismo de Estado, algunos medios de comunicación, la presencia de otras culturas o del proceso globalizador, ratificamos, que la identidad nacional Camba y el nacionalismo Cruceño deben ser parte de nuestra esencia, el impulsor del desarrollo económico y social y el factor cohesionante de nuestra voluntad de ser libres.

4.-RECURSOS NATURALES, TERRITORIO Y PODER.

Los recursos naturales cruceños son propiedad inalienable de la Nación Camba. Este derecho natural e histórico se remite al hecho de que nuestra provincia fue anterior a la creación del Estado-Nación Boliviano y se refuerza por el “Uti Possidetis Juri”, reconocido desde el mismo hecho fundacional en 1.561, derecho que fue pisoteado por la oligarquía republicana que nos usurpó el poder en 1.825.

Entendemos a nuestro extenso territorio como la patria común de todos los Cambas; es indivisible y se extiende hasta donde llega nuestra cultura. Constituye la base material de nuestro PODER NACIONAL; su explotación debe ser racional, compartida y tecnológicamente sustentable. Como no somos colonia de nadie, rechazamos enfáticamente cualquier política que a título de “colonización” depredadora involucre inconsultos asentamientos humanos, sean estos de bolivianos o extranjeros, y/o que conspiren en contra de los equilibrios geopolíticos internos y externos. Nuestras reservas forestales y las áreas protegidas, son intocables.

5.-INTEGRACIÓN.

En el entendido que las comunidades aisladas no son viables, el proyecto cruceño del siglo 21 se debe asentar sobre un inteligente y equitativo proceso de integración continental. Hasta el presente, el mercado boliviano cumplió su rol como receptor de una pequeña parte de nuestra producción, sin embargo, no es suficiente y éste tiende a agotarse por sus propias limitaciones estructurales. El desarrollo cruceño del siglo que nace, debe basarse en los mercados ampliados que se comienzan a perfilar por la vía de los pactos de integración sub-regional de América del sur.

Nuestra viabilidad nacional reside obligatoriamente en nuestra integración física al espacio continental y el mundo. Debemos lograr ventajas comparativas de nuestra envidiable ubicación geográfica, jugando un rol fundamental como nudo geopolítico del continente sudamericano con vistas al mercado común que se consolidará el año 2.005, como efecto de los acuerdos del ALCA y MERCOSUR suscritos por Bolivia.

6.-UN NUEVO PACTO CON EL ESTADO BOLIVIANO. Las condiciones objetivas que transmite nuestra realidad actual se han modificado, la Santa Cruz del tercer milenio no es la Santa Cruz de comienzos del siglo 20. Somos propietarios de más de un tercio del país y sumamos casi dos millones de habitantes, tenemos un producto interno bruto (PIB) que alcanza a un tercio del total nacional y poseemos el índice de desarrollo humano (IDH) más alto de Bolivia, sin embargo, no nos sentimos ni satisfechos, ni realizados.

Así como en 1825 nos anexaron a Bolivia por nuestra debilidad institucional, demográfica y económica, hoy estamos en condiciones de exigir, -no solamente un trato igualitario -de igual a igual- con el poder Estatal, sino de imponer un modelo de gestión política y económica que se ajuste a nuestra propia idiosincrasia y nuestra visión de futuro. Un modelo autonómico con capacidad ejecutiva, legislativa y judicial, constituye la BASE MÍNIMA de negociación de un NUEVO PACTO con el Estado boliviano.

Profundizar la democracia, acceder a la autodeterminación nacional, ratificar nuestra identidad colectiva, defender y proteger nuestros recursos naturales, promover la integración continental y formular un nuevo pacto con el Estado Boliviano, deben ser las bases sobre las cuales se debe asentar las estructuras de un nuevo nacionalismo que sea la expresión de la civilización Cruceña (sic).

Santa Cruz de la Sierra, 14 de Febrero del 2001

A este documento no se le ha cambiado ni una coma, es el texto original resaltando frases que nos parecen pertinentes, ¿qué conclusiones podemos sacar?, primero es que nos encontramos en un peligroso momento de acciones físicas, que ha sido incubado por el Movimiento Nación Camba, que se encubre tras los discursos del Comité Cívico Pro Santa Cruz y la Junta Autonómica.

El documento no es mas que la expresión de nacionalismo trasnochado, un Poder Cruceño, con amplias facultades para todo lo que crea conveniente, control total de los recursos naturales, un poco más y se declaran la “Republica Independiente de Cambilandia” y zas, todo hecho.

Pero vayamos a la crudeza de los acontecimientos, desde el 2001, el movimiento nación camba ha generado un debate que se ha ido cruzando con las protestas de los movimientos sociales, que ha desestabilizado al gobierno de Carlos Mesa, que ha demostrado su capacidad de chantaje en la aprobación de la Ley Especial de Convocatoria a la Asamblea Constituyente, que ha logrado un Prefecto cuasi Dictador departamental, que le ha arrancado 2/3 a las decisiones de la Asamblea Constituyente, y que hoy al ver que sus ilusiones de ser la mitad del país se les escapa de las manos, ataca vilmente a la Comisión Visión de País en abierta complicidad de los constituyentes de PODEMOS.

A la Nación Camba le importa un rábano la cuestión indígena y el pedido de autonomías igualitarias y solidarias, la Nacion Camba ha hecho de lo Plurinacional un fantasma peligroso a sus intereses de oligarquía birlocha y provinciana, ¿porqué tanto interés en ello? Solo queda una respuesta de las mil que podemos ensayar, y es aquella que nace de las entrañas de la sabiduría popular, ¿a quién le gusta perder?.

Aquellos “subsidiados” del modelo neoliberal se resisten a ver caer privilegios ilegales, se resisten a ver que los pueblos decidan lo qué se hace con los recursos naturales, se resisten a ver que la Ley es para todos, se resisten a cumplir con la Constitución Política del Estado, se resisten a una nueva constitución política que construya una sociedad de iguales y hermanos, donde el color de la piel y los ojos no sea motivo ni de ascenso ni de descenso social, una sociedad donde primero esta el ser humano y después el mercado, donde la diversidad es precisamente lo plurinacional.

Esta es la única respuesta para entender las acciones del movimiento nación camba, de la juventud cruceñista, del Comité Civivo Pro Santa Cruz y la Junta Autonómica, del prefecto del departamento de Cochabamba, y de todos aquellos agentes inconscientes –y concientemente vendidos-, que sirven como carne de cañón a un propósito totalmente innoble, absurdo en lo histórico, y que patalean desesperadamente por sus privilegios señoriales y neocoloniales, que luchan por convertir la tierra productiva en desiertos polvorientos y muertos por la producción de la soya, de zafreros que esclavizan a lo mas nacional del país, que llenan las calles de Santa Cruz de violencia racista, que golpean a mujeres gritando democracia, que pretenden una autonomía para hacer lo que les de la gana a titulo de democracia, que hacen todo lo contrario a lo que la realidad de las mayorías exige.

Los agentes de la Nación Camba (La Junta Autonómica, los medio lunáticos, el dictadorzuelo de Cochabamba, los mozalbetes con bate en mano, y los novatos podemistas) son precisamente la representación de la colonialidad y el fascismo, en el fondo son una oligarquía provinciana, birlocha y fundamentalmente antipatria y entreguista.

Así están las cosas en este país que camina con muchas esperanzas, con muchas acciones impensables hace año y medio atrás y que hoy son realidades altamente patrióticas, dignificantes y emancipadoras del ser humano colectivo e individual, así los movimientos sociales, el presidente Evo Morales y los diversos sectores sociales libertarios construyen el futuro de Bolivia bajo las bandera de una Bolivia Plurinacional, con la estrategia de la descolonización como forma básica de emancipación general y la nacionalización como de afirmación de una nueva Bolivia, solidaria e igualitaria. 

POLÍTICA MINERA

LA PAZ, JUNIO DE 2007

AUSENCIA DE UNA POLÍTICA MINERA

El sector minero es uno de los sectores importantes para la economía boliviana, tiene un aporte de alrededor de 5 por ciento al producto interno bruto (PIB) y del 26 por ciento a las exportaciones totales del país.
El desarrollo del sector minero es fundamental para la economía de los departamentos de: La Paz, Oruro, Potosí y potencialmente Santa Cruz para resolver el desequilibrio en el desarrollo regional.

Además, estamos atravesando una de las mejores coyunturas internacionales de precios para los minerales que exporta Bolivia y toda la política minera está diseñada para un entorno de crisis cuando los precios de los minerales llegaron a sus niveles históricos más bajos.

Sin embargo, después de diecisiete meses de gestión y tres ministros en la cartera de minería, el gobierno del Presidente Morales no ha sido capaz de definir una política para el sector minero.

Es evidente que Bolivia no está aprovechando esta coyuntura como sus vecinos. Actualmente se desarrollan dos proyectos importantes en Bolivia que vienen gestándose desde hace una década. Cada año, Chile y Perú han recibido varios miles de millones de dólares de inversión extranjera.

En Perú el sector minero aporta un 19 por ciento del PIB y el 75 por ciento de las exportaciones y en Chile sólo el cobre aportó con el 55 por ciento de sus exportaciones y el 9 por ciento del PIB en el último año.

En el Perú a tres semanas del ingreso del nuevo gobierno el Presidente Alan García consiguió un aporte extraordinario de 900 millones de dólares de las empresas mineras para las comunidades aledañas a los grandes proyectos mineros.
En Chile el gobierno ha constituido un fondo de estabilización de más de 20.000 millones de dólares en bancos extranjeros con los ingresos extraordinarios de la exportación de minerales.

En Bolivia como consecuencia de la falta de una política minera y la falta de definiciones se tuvo que lamentar enfrentamientos entre asalariados y cooperativistas, que fueron parcialmente resueltas con la contratación de un importante grupo de asalariados en Huanuni. Dejando pendiente la solución con un 25 por ciento de los cooperativistas mineros afectados.
Otra medida aislada fue la registrada en contra de una importante empresa Suiza -Glencore- a la que se le expropió la fundición de Vinto, sin cumplir con lo establecido en la Constitución y las Leyes, dando una pésima señal a la inversión extranjera. Al cabo de pocos meses, Vinto-expropiada le tuvo que vender el estaño metálico almacenado a la misma empresa Suiza: Glencore, mostrando incapacidad en la administración.

Lamentablemente, ya de acuerdo a publicaciones internacionales ¹ importantes para los inversionistas Bolivia, junto a Venezuela es calificada como un país hostil a la inversión extranjera, frente al resto de los países latinoamericanos, que tienen reglas claras para la inversión extranjera.

Parece ser que en el gobierno consideran que el único elemento de la política minera es el impositivo, ya que han intentado en varias oportunidades cambios al régimen impositivo minero, dando marcha atrás muy rápidamente, ante protestas de los sectores relacionados.

La última propuesta del gobierno ha sido el anuncio de incrementar el impuesto a las utilidades del sector minero del actual 25 a 37,5 por ciento, también ha sido anunciar el fin de la acreditación del Impuesto Complementario Minero (ICM) con el objeto de incrementar las recaudaciones en el sector de 72 a 150 millones de dólares.

Simultáneamente al objetivo de aumentar los ingresos del Tesoro General de la Nación es fundamental sumar el objetivo de aumentar el volumen de inversiones en el sector, de lo contrario el incremento de recaudaciones tendrá una vida muy efímera.

En esa propuesta está completamente ausente una política respecto a las inversiones mineras, cuando el principal problema que tiene el sector es que no hay nuevas inversiones desde hace varios años y esas inversiones en los países vecinos tienen un volumen muy importante y seguirán llegando en los próximos años.
De acuerdo al último informe de la consultora internacional McKinsey de junio de 2007 se estima que hasta el año 2012 las inversiones en el sector minero mundial alcanzarán a 192.000 millones de dólares americanos, de los cuales llegarán a Sudamérica 54.000 millones de dólares y dos tercios de esas inversiones irán a tres vecinos de Bolivia. (16.000 a Chile, 11.000 a Perú, 10.000 a Brasil)

PROPUESTA DE POLÍTICA MINERA

Por lo anteriormente señalado se ve la imperiosa necesidad de diseñar una política minera que en todos los ámbitos propuestos debe ser competitiva en el contexto internacional y principalmente regional.

El sector minero precisa de una política integral que tenga definiciones claras en  los cuatro pilares fundamentales que son:

• 1. CONCESIONES MINERAS
  2. COMÓ ATRAER INVERSIONES AL SECTOR.
  3. COMÓ INCREMENTAR INGRESOS PARA EL ESTADO.
  4. COMÓ BENEFICIAR A LAS COMUNIDADES ALEDAÑAS.

A continuación se desarrollan los elementos básicos de una política minera competitiva para iniciar un debate con propuestas concretas y corregir esta ausencia.

1. CONCESIONES MINERAS
Se debe establecer claramente que las concesiones no son transferibles, hipotecables ni heredables, pero al mismo tiempo establecer que los derechos concesionales otorgados a personas naturales o jurídicas sí pueden ser transferibles, hipotecables o transmisibles por sucesión hereditaria.

No hay duda que es necesaria la revisión del código minero para fijar un límite al plazo en la concesión para exploración, limite que debe ser de un máximo de tres años, antes de pedir la concesión para la explotación.
Por otra parte debe haber también un límite en las concesiones mineras para que no sobrepasen las 500 cuadrículas.

2. COMO ATRAER INVERSIONES AL SECTOR

Para atraer inversiones al sector minero es fundamental tener una política minera estable y con un tratamiento adecuado a la inversión en las diferentes etapas del ciclo minero:

• En la etapa de exploración es necesario dar facilidades para la importación de bienes de capital e insumos ya que estos son una inversión de alto riesgo que no genera utilidades y en una elevada proporción es solamente un gasto o pérdida y no inversión.

• En la etapa de desarrollo del proyecto es necesario otorgar incentivos tributarios a las inversiones en infraestructura caminera, de provisión de electricidad y de agua para el proyecto que realiza la empresa.

• En la etapa de producción lo fundamental es la estabilidad tributaria en todo el tiempo de duración del proyecto y asegurar que los cambios en la tributación afectarán a los proyectos nuevos y no a los en curso, compromiso que debe ser establecido por contrato expreso entre el inversionista y el Estado.

3. COMO INCREMENTAR INGRESOS PARA EL ESTADO

El actual sistema impositivo minero tiene como defecto que no es dinámico, ya que fue diseñado para una situación de precios bajos para los minerales y para una minería en crisis.

Por lo tanto el principal objetivo de la política impositiva debe ser el de dar el carácter dinámico al sistema que sirva tanto en coyunturas de precios altos, medios y bajos. Es decir, un sistema que reaccione cuando los precios suban o bajen.

Por tanto, se deben fijar niveles de precios máximos y mínimos de cada intervalo, donde se aplicarán las diferentes tasas de impuestos o alícuotas.

Con la experiencia del sector de hidrocarburos se debe tener muy en cuenta que la contabilidad en el sector minero es muy compleja y no es conveniente que el grueso de la recaudación dependa del  impuesto a las utilidades, o en otras palabras, de un resultado que depende exclusivamente del contribuyente.
El ICM es un impuesto interesante porque no depende de la contabilidad del sector y se paga sin interesar cuánto gane o pierda el productor; se calcula solamente con el precio internacional y el contenido fino de mineral.

El ICM es en realidad una regalía, pero si no se lo llama ICM y se define que es una regalía, no será deducible en el país de origen de los inversionistas, ocasionando que aumenten las recaudaciones de impuestos en los países de origen en detrimento de nuestras recaudaciones. Por tanto, se debe sumar un Impuesto Complementario Minero Especial (ICME) con una tasa similar a la actual y tener además un Surtax o impuesto a las utilidades extraordinarias (IUEX) que incremente la tasa hasta un 15 por ciento adicional al impuesto (IUE) actual del 25 por ciento, con precios extraordinarios como los actuales, de acuerdo a una tabla para cada mineral.
La propuesta concreta es que además de lo actual, se establezca un ICME dinámico, que responda a las condiciones de mercado y que sea pagadero además del ICM actual.
Las recaudaciones del ICM y del ICME deben ir a las comunidades aledañas a través de la Prefectura y la recaudación del IUE y del IUEX al gobierno nacional a través del Tesoro General de la Nación.

La acreditación del ICM al Impuesto a las Utilidades de las empresas debe aplicarse solamente cuando haya precios bajos y no así cuando haya una bonanza en los precios como la que atravesamos actualmente. Por tanto, la acreditación del ICM debe eliminarse ahora y solamente aplicarse cuando se registren precios bajos y el ICME no será acreditable en ningún caso.

4. COMO BENEFICIAR A LAS COMUNIDADES ALEDAÑAS
El sector minero debe necesariamente ser un mecanismo de financiamiento de actividades económicas sostenibles en la comunidad, ya que de lo contrario cuando se acaba el proyecto minero queda un campamento vacío.

Por las consideraciones anteriores se plantea que la recaudación adicional del ICM y el ICME vaya a la región y se pueda canalizar al apoyo de sectores productivos que adicionen valor a los recursos naturales y a otras actividades como el turismo para tener una economía de base ancha en esas regiones y salir de la dependencia de la explotación de materias primas.
Por otra parte consideramos que el uso de los recursos debe tener control social y la inversión de los recursos debe ser decidida en un Consejo integrado por representantes de la comunidad, representantes de la Prefectura y representantes de la empresa minera que eroga los recursos, para además de recibir los recursos la comunidad cuente con el aporte de la capacidad empresarial de los inversionistas.

Hay que realizar los esfuerzos necesarios para consensuar la política minera y que sea una política de estado que trascienda a los gobiernos y permita la maduración de proyectos con reglas estables para ser competitivos, ya que los proyectos en el sector tienen un periodo de maduración entre los siete y diez años.

CONCLUSIONES

• El sector minero en el siglo XXI es altamente competitivo, de explotación masiva, precisa de tecnología de punta y por tanto de volúmenes importantes de inversión.

• El Estado no debe usar sus recursos escasos en la explotación de materias primas, por eso es importante atraer inversiones nacionales y extranjeras y que el Estado se dedique a recaudar impuestos para canalizarlos hacia otros sectores que sean sostenibles y que agreguen valor a las materias primas y se diversifiquen los sectores y se multipliquen los actores para tener una economía de base ancha.

• Para desarrollar el sector minero Bolivia precisa de inversión nacional y extranjera y por tanto, es necesario tener una política minera integral, si se quiere empezar a reparar los daños causados por la ausencia de una política minera.

• El objetivo es agregar valor a las materias primas, por tanto en la política minera se deben dar incentivos a los que avancen en este proceso. Es decir, un premio –menor impuesto o menor tasa- para el metálico que para el mineral exportado. Con el objeto de lograr la instalación de fundiciones –por ejemplo de zinc- y avanzar en el proceso de industrialización de las materias primas.

• A través de la política minera se debe dar señales positivas a proyectos que incluyan en sus beneficiarios a amplios sectores de cooperativas y tengan una relación de responsabilidad social con la comunidad y que se quiere que la inversión extranjera se asocie con sectores nacionales y mejor si es con pequeños productores.

• Es fundamental que en las decisiones de política minera se considere que vivimos en un mundo competitivo y que a nivel regional los vecinos están recibiendo importantes montos de inversión.

• Se debe al mismo tiempo mejorar el control del peso y la calidad de los minerales que son la base imponible de la recaudación impositiva.

Ante la ausencia de una Política para el sector minero, Unidad Nacional presentó el pasado viernes, una Propuesta Política Minera integral que en todos los ámbitos propone ser competitiva en el contexto internacional y principalmente regional.

El Constituyente de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, resaltó que el Estado no debe usar sus escasos recursos en la explotación de materias primas, por eso es importante atraer inversiones nacionales y extranjeras.

Explicó que el Estado debe dedicarse a recaudar impuestos para canalizarlos hacia otros sectores que sean sostenibles y que agreguen valor a las materias primas, diversificando los sectores y multiplicando los actores para tener una economía de base ancha.

La Propuesta Política Minera de Unidad Nacional está basada en cuatro pilares fundamentales:

Concesiones Mineras

La propuesta señala que las concesiones no son transferibles, hipotecables ni heredables, pero establece que los derechos concesionales otorgados a personas naturales o jurídicas sí pueden ser transferibles, hipotecables o transmisibles por sucesión hereditaria. Asimismo, la concesión para exploración debe tener un límite de un máximo de tres años, antes de pedir la concesión para la explotación.

Inversiones

Para atraer inversiones al sector minero es fundamental una política minera estable, con un tratamiento adecuado a la inversión en las diferentes etapas del proceso.

En la Etapa de exploración dar facilidades para la importación de bienes de capital e insumos, ya que estos son una inversión de alto riesgo que no genera utilidades. En la Etapa de desarrollo es necesario otorgar incentivos tributarios a las inversiones en infraestructura caminera, provisión de electricidad y agua para el proyecto que realiza la empresa. En la etapa de producción es fundamental la estabilidad tributaria y asegurar que los cambios en la tributación afectarán a los proyectos nuevos y no a los en curso.

Ingresos para el Estado

La política impositiva minera debe dar un carácter dinámico al sistema que reaccione cuando los precios suban o bajen. Por tanto, se deben fijar niveles de precios máximos y mínimos de cada intervalo, donde se aplicarán las diferentes tasas o alícuotas.

La propuesta es que además del actual, se establezca un Impuesto Complementario Minero Extraordinario (ICME) dinámico, que responda a las condiciones de mercado y sea pagadero además del Impuesto Complementario Minero (ICM) actual.

Beneficio a las Comunidades

El sector minero debe ser un mecanismo de financiamiento de actividades económicas sostenibles en la comunidad, porque sino cuando se acaba el proyecto minero queda un campamento vacío.

Por eso, se plantea que la recaudación adicional del ICM y el ICME vaya a la región y se canalice el apoyo a sectores productivos que adicionen valor a los recursos naturales y a otras actividades como el turismo, para tener una economía de base ancha en esas regiones y salir de la dependencia de la explotación de materias primas.

Soy Mario Duran Chuquimia (http://www.mrduranch.bo.tc).